A los inmigrantes se les ha acusado de muchas cosas, de forma torticera en la mayoría de ocasiones, y siempre se ha dado por sentado que estas acusaciones eran veraces. Pues, al parecer, uno de estos mitos se ha desmontado, por suerte: los inmigrantes van al médico menos que los españoles, es decir, hacen un menor uso de la Sanidad del país que los propios españoles, lo que se traduce en que, como se decía, y como dijeron algunos políticos importantes de este país, no colapsan los hospitales, ambulatorios, o similares. En lo único que superan los inmigrantes en uso de la Sanidad a los españoles es en las urgencias, en su uso como tal.

Esto se ha sabido gracias a un estudio llamado Diferencias en la utilización de los servicios sanitarios entre la población inmigrante y la española, dirigido por Enrique Regidor, del departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid, y que se ha realizado con la información obtenida de de las encuestas de salud de Cataluña (2006), Madrid (2005), Valencia (2006) y Canarias (2004).

Del estudio de estos datos, se observa que las mayores diferencias de frecuentación se sitúan en las visitas al médico especialista y a la utilización de los servicios preventivos (en concreto, las revisiones dentales y las ginecológicas). Según se desprende de la investigación realizada, el 8,9% de los catalantes acudieron al especialista en los quince días antes de realizarse la encuesta frente al 5,7% de los inmigrantes, porcentajes similares a los registrados en Madrid (8,5% de los madrileños frente al 4,7% de los inmigrantes). En Valencia y Canarias, los datos se refieren a la asistencia al especialista en el último año y los porcentajes revelan que en la primera, el 42,1% de los valencianos acudió a algún facultativo especializado frente al 38,1% de los inmigrantes, mientras que en Canarias el porcentaje es de un 56,2% de canarios frente a un 38,5% de extranjeros.

Hay que destacar, sin embargo, algunas diferencias por comunidades. Según el estudio, la población residente en la Comunidad Valenciana procedente de países occidentales acuden con mayor frecuencia que los españoles a los especialistas privados (7,6% frente al 6%), situación que también se repite en Canarias (13,9% frente al 9.3%).

En cuanto a la asitencia al médico general y hospitalización, los españoles siguen por encima de la población inmigrante respecto a su uso, aunque las distancias se acortan. Destaca, por ejemplo el caso de la ciudad de Madrid donde el porcentaje de autóctonos hospitalizados es igual que el de inmigrantes (7,4%), principalmente por la alta frecuentación de los ciudadanos africanos.

El servicio más utilizado por los inmigrantes es urgencias. Así, llama la atención el importante porcentaje de latinoamericanos que acude a urgencias, sobre todo en Catalunya (en el último año fueron casi el 35% frente al 31 de pacientes nacionales) y en Madrid, donde acudió el 17% de inmigrantes frente al 15,7% de españoles. También en Valencia son más los inmigrantes que acuden a urgencias, un 27,5 frente a un 30. En Canarias, sin embargo, la proporción es a la inversa.

(La Vanguardia)

(EL PAIS)

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Santiago han desarticulado una banda dedicada a la imigración ilegal y explotación laboral de ciudadanos marroquíes. Ha procedido a 19 detenciones, la mayoría empresarios.

La comisaría compostelana ha informado de que las primeras detenciones de la operación Gym se produjeron el pasado mes de marzo. Entonces cayó el cabecilla de la red, el marroquí S.E.A., en la localidad coruñesa de Padrón.

La red contactaba con empresarios españoles a los que le ofrecían cantidades de dinero entre 1.000 y 5.000 euros por ofertas de trabajo a ciudadanos de Marruecos, con lo que obtenían los correspodientes permisos de trabajo, que no se ocupaban.

En Santiago han sido detenidos posteriormente los empresarios españoles J.B.C. y J.M.P.V. y, más tarde, otros dos, J.A.G.G. y J.L.M.M.. Además hay catorce personas arrestadas con diversos grados de implicación, “empresarios en su gran mayoría”, han señalado las fuentes policiales. La Policía continúa la investigación y no descarta más detenciones.

Silvio Berlusconi, 3 de Junio de 2008:

“Personalmente creo que no se puede perseguir a alguien por la permanencia irregular en nuestro país, condenándolo con una pena, pero ésta puede ser un agravante si comete un delito”.

Berlusconi un día después, el 4 de Junio de 2008:

“Sobre la inmigración no he dado ninguna marcha atrás. He expresado una opinión personal, que ya había mostrado en el Consejo de Ministros; la prensa ha actuado con mala fé y ha tergiversado mis palabras”.

Sacad cada uno vuestras propias conclusiones.

La nuestra es sencilla: un presidente atado de pies y manos por un partido ultraderechista como la Liga Norte no puede permitirse ser tolerante y respetable con los demás.

No podemos dejar de animaros a que visiteis nuestra sección sobre la Legislación Española en materia de inmigración, ya que aporta todos los datos necesarios sobre como se trata el fenómeno en nuestro país.

Aunque esta legislación será modificada en un tiempo, debido a la reforma de la Ley de Extranjería, ocasionada por la nueva Directiva Europea de Inmigración, además de por el endurecimiento del discurso del gobierno de Zapatero, aún sigue siendo bastante avanzada en lo que se refiere a derechos de los inmigrantes, en contra del racismo latente en países tan mencionados en esta web, como Italia.

El presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, propondrá durante la presidencia francesa de la UE nuevas medidas contra la inmigración ilegal, una represión coordinada, según informa el Financial Times, que cita un documento elaborado por el Gobierno galo titulado Pacto sobre inmigración.

Simplemente, la realidad.

Romeu

Que el discurso en materia de inmigración del gobierno español se ha endurecido es algo obvio. El gran responsable de esto es el Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que ayer compareció en el Congreso, para explicar los objetivos marcados por su ministerio en la presente legislatura.

La primera medida que refleja el cambio en el discurso fue el anuncio que hizo de una reforma de la Ley de Extranjeria, para incluir aspectos de la nueva Directiva Europea de Inmigración, actualmente en discusión, pero no fue concreto en que modificaciones se harán.

El Gobierno discrepa del plazo máximo de 18 meses de retención a la espera de la expulsión que propone la UE (ahora es de 40 días y la intención es ampliarlo a 60) y sólo se comprometió a buscar un Pacto de Estado. El ministro habló en todo momento de una inmigración ligada a contratos de trabajo: “Gobernar el fenómeno de la inmigración reforzando su vinculación con las necesidades del mercado laboral y garantizando que no suponga pérdida en la calidad de los servicios públicos”.

Añadió que su objetivo es que “todos los inmigrantes que entren en España lo hagan con contrato de trabajo”. Para ello anunció que potenciará la “contratación en origen para cubrir los puestos que demande nuestra economía y siempre que no existan en España trabajadores nacionales o extranjeros que puedan ocuparlos”.

Se comprometió a aprobar antes de julio un plan para incentivar el retorno voluntario para inmigrantes que pierdan su empleo, acumulando las prestaciones que hayan generado en su actividad laboral. Prometió endurecer sanciones a quien emplee extranjeros en situación ilegal.

Fuente: EL PAIS

El Secretario de Estado para Europa, Diego López Garrido, ha declarado al programa Hora 25 de la Cadena SER, que la nueva normativa europea de inmigración, se hace con la intención de ”armonizar la disparidad” de las políticas de inmigración de los países de la Unión, poniendo como ejemplos a países como Holanda o Inglaterra, afirmando que ”en la tercera parte de los países de la Unión no hay límites de retención”, respecto a los inmigrantes ilegales. Asimismo, ha asegurado que con esta nueva directiva, ‘’se van a aplicar el convenio de Derechos Humanos, el de Derechos del niño”, añadiendo que ”no se podrá expulsar a un inmigrante a un país en donde pueda correr peligro su integridad física”.

Entrevista en Hora 25

Respecto a los 6 meses de retención de inmigrantes que comprende esa nueva directiva europea, López Garrido ha asegurado que ”a los países se les dice: ustedes pueden retener a un inmigrantes 6 meses”, pero que debe ser el menor tiempo posible, a la vez que dijo que si un país ve que no puede expulsar a un inmigrante, ”debe ponerlo en libertad”. El Secretario de Estado, además, ha asegurado que los países solo pueden retener inmigrantes ‘’si van a expulsarlos”. Refiriendose a España, ha dicho que la directiva no cambia nada en nuestro país ”porque somos más garantistas que la propia directiva”.

Respecto al caso de Italia, que recientemente ha acordado que la inmigración ilegal sea un delito penal, aunque aún tiene que ser aprobado, ha dicho que ”esa propuesta va claramente en contra del espíritu de la directiva”, apostillando que es ”el mal camino”. El representante español en Europa ha asegurado que Italia tiene que respetar las garantías que representa esta directiva, ya que es ”absolutamente obligatoria”. Siguiendo con esto, ha afirmado que las nuevas medidas de Italia no se pueden hacer, ya que hay que ir a ”una política común de inmigración”, a la vez que ha recordado que todos ”estamos en la UE”, por lo que hay que cumplir todas sus resoluciones. Finalmente, López Garrido, que ”respeta” todas las decisiones del gobierno italiano, pero que sobre las que aplica en inmigración, piensa que son ”inaplicables.

El gobierno de Silvio Berlusconi ha aprobado que la inmigración ilegal sea un delito en Italia, tras el primer Consejo de Ministros de su gobierno en la ciudad de Napoles. La nueva ley afectará a más de 700 mil sin papeles que hay en Italia, y las penas irán desde los 6 meses a los 4 años de prisión.

La tipificación como delito de la inmigración ilegal será recogida en un proyecto de ley, que se remitirá al Parlamento, mientras que otras medidas de lucha contra la inmigración ilegal y consideradas urgentes han sido incluidas en un decreto ley. La pena prevista para este delito va de los seis meses a los cuatro años de cárcel, según fuentes políticas citadas por los medios locales.

El Ejército no podrá intervenir

La consideración de la inmigración clandestina como delito ya figuraba en una ley promulgada durante el anterior mandato de Berlusconi y que fue declarada parcialmente inconstitucional en el año 2004. El Consejo de Ministros celebrado hoy ha examinado también la posibilidad de crear patrullas conjuntas entre el Ejército y las fuerzas del orden en el marco de las medidas de seguridad que ha aprobado el Gobierno, aunque la idea fue descartada.

La lucha contra la inmigración ilegal fue una de las banderas de Berlusconi y sus aliados durante la campaña electoral y es uno de los principales asuntos en la vida política italiana desde que el magnate de la comunicación regresó al poder.

Fuente: Cadena SER

Tenso debate sobre inmigración en la UE. Los parlamentarios europeos han discutido en su sesión de hoy el fenómeno de la inmigración, con las discrepancias entre Italia y España de fondo, además de la ola de racismo que está surgiendo en el pais transalpino, así como la política que pretende aplicar.

Uno de los grandes temas que se discutieron fue el relacionado con los gitanos, un tema en el que Italia tiene mucho que decir. El debate fue intenso y estuvo marcado por intercambios polémicos y contraposiciones sobre la política a adoptar en relación con los inmigrantes de este origen, pero también sobre el rol del gobierno italiano.

La sesión en si fue dantesca, debido a las discrepancias, que llegaron a ser groseras. Hubo 2 ejemplos claros de lo que ha sido esta sesión: un parlamentario de extrema derecha llegó a pedir la creación de un estado único para los gitanos, y uno de extrema izquierda sacó una pancarta en la que mostraba su apoyo a los ministros españoles que había criticado a Berlusconi y su gobierno por su política de inmigración.

Uno de los que hablo fue el comisario europeo de Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, que expresó su condena a la violencia contra los integrantes de la etnia gitana, invitando a castigar a los responsables de los hechos sin dejar de recordar que es un deber de la UE garantizar la seguridad de las personas dentro de su territorio. Asimismo, Spidla afirmó que lo ocurrido en Nápoles no es un caso aislado, ya que “la violencia racista que se alimenta de populismo y publicidad mediática” es visible en varios estados europeos, por ello estos deben impulsar programas para que los gitanos salgan de la marginalidad y la pobreza en muchas zonas. “Los gitanos no son delincuentes o menos inteligentes que otros”, concluyó Spidla.

Falta ver ahora si Italia toma nota, o como de costumbre, Berlusconi decide pasar de lo que le digan sus colegas europeas y hacer lo que le plazca. Aun así, es una gran noticia que la UE condene lo que está ocurriendo en Italia, pues hay que empezar a darse cuenta de lo que pueden llegar a hacer estos señores que accedieron al poder hace apenas un mes.

En esta sesión se discutió también la reforma de los tiempos de retención de los inmigrantes en los centros habilitados para ellos, discutiendose si los famosos 6 meses son excesivos o necesarios, un tiempo de retención que para muchas organizaciones alcanza niveles de crimen.