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“El Gobierno no comparte la política de expulsiones sin respeto a la ley y a los derechos, y por tanto tampoco las actuaciones que pueden exaltar la violencia, el racismo y la xenofobia”. Estas palabras, pronunciadas por la Vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, refiriendose a la política contra la inmigración ilegal que prepara el gobierno italiano de Silvio Berlusconi, son las que han creado la controversia entre los gobiernos de Madrid y Roma.

Tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el ministro de Exteriores italiano, Franco Frattini, han restado importancia a las palabras de De la Vega, afirmando ambos que esto no afectará a las relaciones entre España e Italia.

Pero donde si han molestado estas declaraciones ha sido en la sociedad italiana y en algunos sectores de la política italiana, quedando plasmado el descontento en las portadas y editoriales de los periódicos italianos,
como Corriere della Sera, el Repubblica o Il Giornale, dedicando varias páginas al tema. En cuanto a los políticos, Stefania Craxi, subsecretaria de extranjería, ha dicho que se trata de una ramificación de “la política irresponsable del Gobierno precedente”, precisando que el Gobierno español “tendría que estar documentado”. A su vez, Il Giornale publica las declaraciones de Fabrizio Cicchito, líder del grupo PDL, que afirma que “España no puede darnos lecciones”.

Las declaracions de la vicepresidenta quizá hayan sido desafortunadas, por ser quien es, pero no ha mentido en ningún momento. La política de inmigración italiana, influida sobre todo por el socio de Berlusconi, la Liga Norte, tiene un claro carácter racista, y muchas declaraciones del propio Berlusconi, así como del socio de este, Umberto Bossi, no han hecho más que soliviantar a la población italiana. El ejemplo más claro es los incendios de dos poblados de rumanos en Nápoles, por parte de ciudadanos de a pie, tras el supuesto intento de secuestro de un bebé por parte de una chica rumana.

Felizmente, en Italia se ha descartado que ser un inmigrante ilegal sea un delito penal, algo que no debería ser una sorpresa por parte de un gobierno, pero que en este caso sí. Aún así, la redada que tuvo lugar la pasada noche del jueves en varios poblados, donde se detuvo a casi 400 inmigrantes ilegales de varias nacionalidades, aunque en especial de Rumanía, es un ejemplo del comienzo de la persecución que se va a llevar a cabo contra los inmigrantes, ilegales o no, todo ello auspiciado por un gobierno con un claro carácter, como dijo la vicepresidenta, racista y xenofobo.

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