La Unión Europea comienza a dejar mucho que desear en materia de inmigración. En un texto acordado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, se establece un período máximo de retención de 6 meses para los inmigrantes ilegales, algo incomprensible desde el punto de vista de los derechos humanos, de los que tanta gala hace la UE.
Por el momento, no se ha podido aprobar, debido al desacuerdo de algunos países miembros como Francia o Alemania que, sorprendentemente, quieren que los plazos de retención sean incluso mayores, además de otros países que no están dispuestos a cargar con los costes que la nueva normativa supondría.
El gobierno español ha decidido apoyar la normativa europea, en un gesto raro, de un gobierno que defendía tanto los intereses y derechos de los inmigrantes en la campaña electoral, aunque el Ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado que »no es necesario llegar a los 6 meses de retención», y que en España se pasará posiblemente de los 40 días de retención a los 60.
Una vez más, los gobiernos de los países parecen estar dispuestos a pisotear los derechos de los inmigrantes, como han dicho algunos, por »seguridad». Seguramente, en Francia, Alemania o España, no serán los inmigrantes los que tengan los más altos índices de criminalidad, sino los propios policías o políticos, con ejemplos recientes como el pueblo madrileño de Coslada.
Desde aquí, mostrar nuestro más absoluto rechazo a este nuevo plan de inmigración europeo, y sobre todo, a la posición del gobierno español, que ha endurecido sobre manera su discurso y su política en inmigración, mintiendo a la opinión pública.
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